Desde el 16 de marzo, la Ciudad de Mendoza, en el marco de las decisiones del Gobierno Provincial y Nacional, ha tenido una conducta ejemplar a la hora del cumplimiento de las medidas que en cada etapa de la emergencia sanitaria se establecieron.

Gracias a un gran compromiso social, la Ciudad ha tenido avances en conjunto, proponiendo y llevando adelante distintas aperturas, en diferentes rubros, conforme las etapas de la emergencia sanitaria que hemos ido transitando. El control del cumplimiento de las distintas medidas dispuestas para cuidar la salud de todos, ha sido una constante, como también la solidaridad y la responsabilidad social.

Se está atravesando una situación sin precedentes a nivel mundial, y no escapa a la misma la Ciudad de Mendoza. Hablar de la Ciudad es hablar de los vecinos y vecinas, comerciantes, trabajadores, empresarios, profesionales, etc. Entre todos, se realizan esfuerzos extremos para cumplir las obligaciones y contener de manera integral los efectos de la pandemia.

En relación a la intervención judicial y policial, realizada en Peatonal Sarmiento en la jornada del 5 de julio, los hechos se suscitaron a raíz de denuncias de vecinos y comerciantes. Fueron recibidas por la Policía mediante llamados al 911, según manifestaron los vecinos y comerciantes que también se comunicaron con el municipio.

Alertaron respecto de una reunión de personas en Peatonal Sarmiento y San Martín, que incumplían las medidas de distanciamiento y de salubridad. Dichas personas se encontraban en flagrante violación del art. 205 del Código Penal, del decreto 775/2020 de la Provincia de Mendoza —promulgado el 17/6/2020 en función del DNU Nacional 260/2020, por el que se amplió el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS— y del DNU Nacional 297/2020, por el cual se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, siendo de público conocimiento sus prórrogas.

Se trataba de manifestantes, algunos pocos trabajadores municipales y, principalmente, gremialistas de ATE y SUTE, entre otros. Se constató el incumplimiento y la Justicia activó el protocolo correspondiente y habilitó los medios para proceder al desalojo, en función de los decretos mencionados que prohíben las reuniones y las actividades que no estén expresamente determinadas como permitidas. A partir de esto, personal policial aprehendió a las personas referidas.

La salud pública es una prioridad absoluta de la gestión. Es válido el reclamo salarial e indiscutido el derecho a huelga, siempre que sea dentro de los parámetros sanitarios permitidos en tiempos de pandemia. La Municipalidad de Ciudad viene sosteniendo reuniones con los representantes gremiales, emitió comunicados y se dio respuesta sobre los pasos a seguir. Son tiempos complejos los que nos tocan vivir. La Municipalidad no es ajena a las necesidades de la gente y comprende la incertidumbre general que nos afecta como sociedad. Situaciones extraordinarias como una pandemia como la que estamos viviendo, requieren del esfuerzo de todos, dirigentes, trabajadores, vecinos, etc. Ya que la única manera conocida hasta hoy de salir delante de este flagelo es entre todos, cuidándonos entre todos.

A su vez, en este difícil contexto, el intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, declaró la emergencia económica y financiera hasta el 31 de diciembre de 2020, reforzando medidas de esfuerzo y austeridad que garanticen la prestación de servicios y el pago en tiempo y forma de los haberes de los agentes municipales.