Dicho decreto prorroga por 15 años el sistema de promoción industrial a la provincia de La Rioja, y abre la posibilidad de extenderla a las provincias de Catamarca, San Juan y San Luis.

En los considerandos de la declaración se expresa que “el sistema de promoción industrial que tiene una vigencia de más de 30 años, no ha cumplido cabalmente con los fines para los cuales fue creado, toda vez que no ha permitido generar polos de desarrollo genuino en las provincias promocionadas, ya que sin este esquema, muchas de las industrias y empresas radicadas en esas provincias, no son viables sin esa ayuda fiscal”.

“El sistema de promoción industrial –agrega- se ha transformado en un esquema distorsionante de asignación de recursos fiscales, ya que al amparo del mismo se han promocionado industrias no prioritarias, de bajo nivel de creación de empleo y ocupación de mano de obra y de escasa generación de valor agregado para las economías locales, transformándose más en un negocio impositivo que en una herramienta de desarrollo”.

Afirma que este sistema también ha traído aparejadas distorsiones económicas y geográficas, al haber generado una radicación artificial de empresas, con su mero traslado desde muchas regiones, principalmente desde la provincia de Mendoza, con las implicancias que tiene en materia de éxodo de población económicamente activa, pérdida de fuentes de empleo y aumento de la desocupación.

Sostiene asimismo que “al amparo de dicho sistema se han generado hechos de corrupción ampliamente difundidos a nivel nacional”, y que Mendoza ha sido la provincia más castigada por este “acogotamiento”, provocándole a su economía 14.800 millones de pesos de pérdidas sólo hasta el año 1999.