En el marco de la Ordenanza N° 4099, la comuna certificó a empresas que cumplen con los requisitos mínimos de sostenibilidad social, ambiental y económica.

Este jueves, en un acto llevado a cabo en el Salón Blanco del Concejo Deliberante capitalino, la Ciudad realizó la primera entrega de certificaciones a diferentes proveedores de la comuna que, a partir de un sistema de puntaje, demostraron el cumplimiento en las siguientes categorías: Energía, Agua, Residuos, Emisiones y Equipo de trabajo. Dicho puntaje es diferencial para empresas chicas, medianas y grandes. Además, se presentaron los resultados obtenidos hasta el momento en el proceso de certificación.

Esta primera entrega de certificados fue llevada a cabo por el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sebastián Fermani, y la subsecretaria de Contrataciones y Registros, Cecilia Mengoni. En total, recibieron dichos certificados unas 10 empresas en esta primera etapa.

Al finalizar la entrega, Sebastián Fermani expresó: “A partir de la Ordenanza N° 4099 de compras de triple impacto, hemos hecho la entrega de las primeras certificaciones de los requisitos mínimos de sustentabilidad que desde el municipio se estableció en el marco de la ordenanza citada. Es una iniciativa desarrollada en forma conjunta con la Subsecretaría de Contrataciones, que tiene como finalidad establecer nuevas reglas a la hora de generar una compra pública. La Ciudad entiende que la sustentabilidad dejó de ser una opcióny estableció, como obligatoriedad, la certificación mínima para todo el registro de proveedores que tengan intención de ofrecer productos o servicios a la comuna”.

Por su parte, Mariano, proveedor de servicios, comentó: “A partir de esta certificación de triple impacto, hemos cambiado nuestra forma de ver el ambiente y cómo nos manejamos en las compras y ventas. Ha sido algo positivo y, en esto, se nos ha apoyado mucho. Rescato, también, esa articulación entre el municipio y el sector privado para trabajar en forma conjunta y buscar un mejoramiento ambiental”.

El proceso en detalle

La Ciudad de Mendoza se posicionó en Latinoamérica en el año 2018, con la Ordenanza N° 3946, como una de las primeras en reglamentar sobre el tema en cuestión; declarando de interés municipal el desarrollo del Ecosistema B, de Empresas tipo B y las “Compras de Triple Impacto” dentro del ejido capitalino. Además, estableció un margen de prioridad de compra pública para proveedores que acrediten contar con alguna de las siguientes certificaciones: Certificación de Impacto B, Certificación de calidad ODS u otras nacionales y/o internacionales que acrediten su accionar en el marco del Triple Impacto, a través de un modelo de impacto social y/o con un modelo de impacto ambiental.

A pesar de esta implementación, el mercado y la realidad demostraron que no alcanzaba para iniciar un camino de inserción de los bienes y servicios de Triple impacto dentro de las contrataciones públicas. Es así como se llegó a la sanción de la segunda Ordenanza Municipal Nº 4099 del año 2022, logrando establecer un nuevo y amplio sistema de certificaciones municipales y bases específicas para ser reglamentadas y utilizadas dentro de la esfera de las contrataciones. A través de dicha norma, se busca ofrecer a la comunidad de empresas locales alcanzar una certificación de triple impacto otorgada por el municipio y obtener beneficios diferenciales como reducción de tasas, beneficios de puntuación en compras públicas, etc.

La certificación consiste en un sistema de puntaje con un máximo de 15 puntos y un mínimo obligatorio dependiendo del tamaño de la empresa, estableciéndose 5 categorías: Energía, Agua, Residuos, Emisiones y Equipo de trabajo. Dicha certificación se otorga luego de que la empresa demuestre el cumplimiento del puntaje mínimo, el cual será diferencial para empresas chicas, medianas y grandes.

El municipio considera que la economía circular y el desarrollo sostenible se posicionan como la alternativa más viable para hacer frente a las problemáticas globales de pobreza y cambio climático. Los gobiernos locales, trabajando de manera coordinada con el sector privado, la sociedad civil y la ciudadanía, son los protagonistas para acercar y poner en práctica en el territorio los compromisos asumidos en pactos globales y nacionales.