La decisión del intendente de la Capital, de desdoblar la elección de renovación del Concejo Deliberante de las elecciones nacionales y provinciales, constituye sin dudas una medida política audaz y provocativa, pero implica también retomar una vieja y sana costumbre de nuestra provincia que rigió pacíficamente durante muchos años y que recién fue alterada durante períodos de gobiernos fraudulentos.

Después de la sanción de la Constitución de 1916 y hasta la sanción de la ley 1.461, en 1941, las elecciones en la provincia eran separadas no solamente de las nacionales, sino también de las municipales.

Durante la plena vigencia de la ley Sáenz Peña, la democracia era una fiesta y votar, un ejercicio hermoso y recurrente. Con la vuelta al fraude electoral que se produce para la elección de Agustín P. Justo en 1932, la rutina de una verdadera práctica republicana dejó de ser preocupación para los hombres de la Década Infame. Por ello, ya en 1941 se decidió avanzar hacia la unificación de las elecciones.

No parece necesario enumerar las obvias ventajas del desdoblamiento. No obstante es interesante insistir en que el debate de las cuestiones estrictamente locales es imposible en un contexto en el que se está hablando de una suerte de plebiscito entre la Presidenta, su marido y el vicepresidente y jefe de la oposición.

En ese contexto, pretender que la gente se interese por cuestiones tan domésticas como el estado de las acequias o la regularidad de la recolección domiciliaria, parece francamente utópico.

Hace poco algunos representantes de la oposición cuestionaban la tremenda inconveniencia de tener elegidos en junio a los legisladores nacionales que deberán asumir recién en diciembre, implicando en ello la complicación para el Poder Ejecutivo que significaría su casi segura derrota.

Ahora bien, no menos disparatada y absurda resulta esa circunstancia en Mendoza, donde las personas que resulten elegidas en junio asumirán recién en mayo de 2010. En ese sentido también, la decisión de Fayad es sensata.

Muchos partidos políticos de Mendoza han bregado durante mucho tiempo por la separación de las elecciones. Así ha sido la tradicional posición del Partido Demócrata en innumerables proyectos de ley. Que ahora sugieran que es una medida oportunista del intendente, no deja de sonar bastante… oportunista.

Ciertamente es una atribución exclusiva del Ejecutivo -provincial o municipal- (SCJ de Mendoza, fallo 67247, «Partido Demócrata c/ Gob, de Mendoza s/ Acción de Inconstitucionalidad»).

Roberto Iglesias separó la elección provincial de la nacional en 2003 para que su bienamado Cobos pudiera ganar. ¿Cuál es ahora el gran drama?

Se ha señalado que en su oportunidad un intendente convocó a elecciones por separado y fue obligado a unificarlas con las provinciales. Es cierto que eso sucedió en 2003, pero la ley 2551 fue modificada posteriormente por la ley 7005 precisamente en el artículo que obligaba a unificar y que, a todo evento, correspondía a las elecciones de concejales que tenían lugar el mismo año que las de gobernador y vice, algo que justamente no ocurre ahora.

Esta decisión de Fayad cambiará para siempre las modalidades electorales de Mendoza. Siendo una atribución exclusiva de los intendentes la fecha de convocatoria, cada vez que una elección municipal se separe de las provinciales y nacionales, los partidos políticos deberán extremar el rigor con el cual seleccionan candidatos y candidatas a los Concejos, buscando efectivamente los mejores porque la lista no podrá ocultarse detrás de una larga sábana como hasta ahora.

En suma, la elección separada de concejales permitirá efectivamente al pueblo de la Capital, ponderar a los candidatos a integrar el Concejo Deliberante, sin que sus candidaturas queden cubiertas o tapadas en su atención por otras de cargos más importantes.

Si eso no es ejercer la autonomía municipal entonces no sé qué lo podría ser, pues esta autonomía no se agota ni queda garantizada sólo en las normas legales ni constitucionales, sino que depende principalmente de las concretas medidas de los líderes que ocupan los cargos.