El decreto otorga a esas personas un plazo de diez días corridos para la efectiva desocupación de esos espacios públicos, bajo apercibimiento de disponer su desalojo por intermedio de la Dirección de Comercio e Inspección General.

Paralelamente, durante la jornada de hoy y luego de mantener un encuentro con autoridades comunales, un cierto número de los artesanos que trabajan desde marzo pasado en el sector de calle Villalonga -que integraban el grupo de los que presentaron el amparo –  resolvieron no ejercer el derecho que eventualmente les había retornado el fallo judicial, por estar conformes, según señalaron, con el sitio actual y porque han sido debidamente atendidos por la Municipalidad en sus necesidades, además de haberles redituado positivamente.

Así lo anunció el intendente Fayad durante la reunión de prensa de hoy. En los considerandos del citado decreto, señala entre otros aspectos que la Municipalidad nunca otorgó expresa y válidamente un permiso de uso del dominio público a los amparistas.

Acotó que como la sentencia judicial entiende que ha mediado un otorgamiento tácito del permiso y que por ende era necesario un acto administrativo para su revocación, procedió precisamente a suscribir tal decreto a fin de «sanear lo que ha sido objeto de cuestionamiento» por parte de la Justicia.

Sostiene la norma que la recuperación del espacio público es prioritaria en toda gestión urbana, por su rol fundamental como articulador de las funciones y relaciones de la vida de la ciudad, y que la presencia de actividades comerciales y de elementos destinados a ello en la vía pública y en los espacios verdes, compromete e interfiere considerablemente la capacidad de soporte de la circulación peatonal y el espacio urbano disponible para la recreación.